En ambos casos, la intención sería mantener las cuentas premium activas, mientras que las descargas gratuitas serían canceladas.
Tras el cierre de Megaupload, otros sitios de descarga digital están tomando medidas para evitar ser sancionados por los agentes antipiratería del FBI.
Si bien no todos los sitios que permiten compartir archivos dan acceso a links de contenidos ilegales, el caso Megaupload los ha puesto en guardia para diferenciarse de las actividades del multimillonario Schmitz/Dotcom, arrestado en Nueva Zelanda.
Rapidshare busca demostrar que se dedica al mismo tipo de trabajo que hacen Dropbox o el servicio Microsoft SkyDrive, que no dan incentivos por frecuencia de uso -una de las prácticas de Megaupload- y tienen personas responsables conocidas.
El punto difuso es hasta dónde llega la responsabilidad del dueño del archivo -esto es, el usuario que lo pone en una carpeta compartida- y la de la empresa que provee el servicio para que pueda hacerlo.
Muchos comparan esa actividad con la de un banco que provee una caja de seguridad. ¿Es el banco responsable por los objetos o el origen del dinero que su cliente decida conservar allí?.
En ese marco, las leyes SOPA y PIPA -cuyo tratamiento el Congreso estadounidense ha pospuesto para febrero- deberían ser fundamentales para "separar la paja del trigo" y permitir que tanto la privacidad como los derechos de autor sean respetados en la web.
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